LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA EL REGRESO DEL URBANISMO SIN ESCRÚPULOS A LA SIERRA DE GUADARRAMA

Cansa mucho escribir de forma recurrente lo mismo sobre las mismas cosas. Llevo haciéndolo desde hace casi veinte años para aportar mi granito de arena en las muchas campañas que se han emprendido para denunciar la presión urbanística que amenaza las mejores dehesas y pastizales del piedemonte de la Sierra de Guadarrama, desde que en 2006, todavía en plena vorágine del ladrillo desatada por la Ley del Suelo de 1998, que consagró en España la doctrina neocon del «todo urbanizable», un numeroso grupo de vecinos creamos la Plataforma Vecinal SOS Miraflores para impedir la construcción de más de 2.000 viviendas en Prado Toro y La Nava, en Miraflores de la Sierra. Más recientemente hemos denunciado aquí otros proyectos que amenazaron las dehesas de Moralzarzal y Sotosalbos (esta última en el piedemonte segoviano), y el que todavía hoy amenaza los prados de siega del entorno protegido del monasterio de El Paular. Pese al hastío, vuelvo a escribir aquí sobre el mismo asunto acogiéndome, como tantos otros defensores de causas ambientales perdidas, a la demoledora frase de Gide «todo está dicho, pero como nadie escucha hay que volver a repetirlo todos los días...».

La campaña de denuncia de la Plataforma SOS Miraflores, iniciada
en 2006, logró su objetivo de salvar el Prado Toro y La Nava

Prado Toro (en la imagen) y La Nava, un entorno de 100 hectáreas de pastizales de
alto valor natural y paisajístico donde se iban a construir 2.000 viviendas y un gran hotel

         

Regreso al terror urbanístico 

Comenzaremos insistiendo una vez más sobre el hecho de que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 sólo supuso un alto el fuego pasajero en el violento asalto de la urbanización a los mejores enclaves naturales del piedemonte de la Sierra de Guadarrama, protegidos o no, que hasta entonces estuvieron sometidos a los intereses que extienden sus tentáculos alrededor del negocio del ladrillo. Estos intereses han estado agazapados y curándose las heridas que les causó la crisis económica desatada hace diecisiete años, pero no han renunciado a recuperar una gran parte del jugoso botín que no pudieron repartirse entonces. Las políticas ultraliberales del gobierno de la Comunidad de Madrid les abren otra vez la puerta grande para hacerlo con modificaciones legislativas desreguladoras, como la llamada Ley Ómnibus, que entre otras muchas leyes modifica la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid en más de cuarenta artículos, y la denominada Aceleradora Urbanística, pergeñada para acortar los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y de emisión de informes ambientales que requieren la calma y el detenimiento exigidos por el necesario rigor técnico y científico. En definitiva, artimañas legales urdidas en connivencia con empresas promotoras, bancos, fondos de inversión y ayuntamientos para consumar el saqueo del territorio más valioso de la Comunidad de Madrid al que vamos a asistir, ojipláticos, en estos próximos años. Porque para construir a toda costa sigue teniendo plena vigencia el dicho de «quien financia manda», y quien manda es el poder en la sombra del lobby que agrupa a promotores, constructores y agentes inmobiliarios, un grupo de presión que todo lo abarca desde los años del desarrollismo del siglo pasado para seguir enriqueciéndose con las enormes plusvalías generadas por la reclasificación interesada del suelo, y que en la historia más negra del urbanismo en España ha llegado incluso a trastocar los designios de la voluntad popular reflejada en las urnas, como ocurrió en 2003 con el esperpento del Tamayazo.

          Un ejemplo muy reciente de este urbanismo depredador que regresa –aunque, como ya hemos mencionado, nunca se fue– son los proyectos urbanísticos Algete Norte y SAU-21, impulsados por la promotora Realia Business S.A y los Ayuntamientos de Algete y El Molar para construir en las campiñas ribereñas del río Guadalix, en suelos rústicos y agrícolas calificados de Alto valor paisajístico en la Clasificación de las Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid, una ciudad dormitorio de casi 8.000 viviendas. Este gran desarrollo urbano de 233 hectáreas proyectado en mitad de la nada acabará de forma irreversible con la conectividad ecológica entre el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, las Zonas de Especial Conservación (ZEC) «Cuenca del Río Guadalix» y «Cuencas de los Ríos Jarama y Henares», y consecuentemente con la Zona de Especial Protección para las Aves «Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares», estas tres últimas espacios protegidos de ámbito europeo incluidos en la Red Natura 2000. Podríamos hablar también de otras barbaries que se están consumando más allá del ámbito regional madrileño, como en la cercana estación de esquí de La Pinilla, en la vecina Sierra de Ayllón, pero no hay lugar aquí para tanto desastre. 

          Que el espacio donde se quieren perpetrar estos despropósitos esté acogido bajo alguna figura de protección tiene poca relevancia, porque los intereses de los bancos, los fondos de inversión o las promotoras que han adquirido los terrenos van a seguir prevaleciendo sobre el interés general de una ordenación racional y sostenible del territorio. Es el caso recurrente de las dehesas de El Campillo y Monesterio, dos grandes fincas incluidas en el territorio histórico de San Lorenzo de El Escorial declarado como Bien de Interés Cultural en 2006. Ya estuvieron amenazadas hace más de veinte años por otros grandes proyectos urbanísticos que contemplaban la construcción de más de 7.000 viviendas, afortunadamente frustrados por la contestación popular y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y decimos que es un caso recurrente porque muy recientemente han vuelto a estar amenazadas por el proyecto Agrohub-Monesterio, un complejo residencial de 33 hectáreas disfrazado de campus universitario cuyo promotor, el grupo empresarial Baraka fundado por el conocido empresario inmobiliario Trinitario Casanova –la triple rima es casual y nada poética–, al final ha desistido de sacarlo adelante quién sabe por qué ocultos motivos. Aunque uno no cree en milagros dentro del despiadado mundo de la especulación inmobiliaria, seguramente algo han tenido que ver en ello las movilizaciones emprendidas en contra por la Plataforma Salvemos Monesterio, creada por distintas asociaciones conservacionistas y culturales como Entorno Escorial, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama y otras muchas, agrupación ciudadana a la que nunca estaremos por ello lo suficientemente agradecidos.

Cartel de la marcha reivindicativa contra el proyecto Agrohub-Monesterio, que alude a la
recurrencia de los proyectos urbanísticos que amenazan este valioso entorno declarado
como Bien de Interés Cultural en 2006 (Entorno Escorial)

          Respiramos aliviados pero sin hacernos ilusiones, pues esta es la excepción que confirma la regla. Al amparo de la política urbanística del gobierno regional, rearmada con nueva munición legislativa desreguladora, van a resurgir como hongos estos viejos proyectos y aparecer otros nuevos en gran parte del territorio rural-natural madrileño. Y va a ocurrir como en los peores tiempos de desenfreno del ladrillo, obedeciendo al consabido modelo de urbanismo disperso e incontrolado que consume recursos naturales, fragmenta ecosistemas, multiplica las emisiones y genera desigualdades sociales, pero permite ganar mucho dinero a sus promotores y a veces también a quienes desde las administraciones lo autorizan y le dan rango de ley.

El caso de la Dehesa de los Arroyuelos

Otro proyecto urbanístico que también ha cobrado actualidad mediática y desatado alarma social en estas últimas semanas es la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector SAU-3 (acrónimo de Suelo Apto para Urbanizar) de las Normas Subsidiarias de Cercedilla, con el que el alcalde de esta localidad serrana pretende dar vía libre a la construcción de treinta y seis chalés de lujo en la Dehesa de los Arroyuelos. Es esta una actuación distinta a las que hemos mencionado, por su menor extensión y porque no supone construcción dispersa al estar los terrenos en mitad de un ámbito urbano casi consolidado, lo que hace de la misma un caso del mayor interés para exponer aquí, como también lo es por sus irregularidades y sus implicaciones sociales. Es, además, un caso que nos sirve de ejemplo de lo que se podría hacer aplicando la doctrina del «decrecimiento urbanístico», de la que vamos a hablar más adelante. El proyecto está promovido por Inversiones Inmobiliarias Canvives, empresa que ha adquirido los terrenos hace no mucho tiempo y uno de cuyos accionistas es Aliseda S.A, importante gestora de activos y préstamos inmobiliarios que trabaja con el «banco malo» Sareb y que está a su vez participada casi a pachas por el polémico fondo buitre estadounidense Blackstone y por el Banco de Santander. Como vemos, un entramado societario de imagen poco «edificante», y valga aquí el término para enfatizar con ironía las irregularidades urbanísticas y la falta de transparencia del proyecto a las que nos acabamos de referir y lo volveremos a hacer un poco más adelante.

Sector SAU-3 Los Arroyuelos (Documento ambiental estratégico del Plan Parcial SAU-3)

En la Dehesa de los Arroyuelos manan numerosos veneros que dieron origen al topónimo
y llegan a formar un pequeño humedal permanente de importancia hidrológica y ecológica

          

          La dehesa de los Arroyuelos es un pastizal de algo más de cinco hectáreas de superficie enclavado en mitad del extenso continuo urbano que forman los municipios de Cercedilla y Los Molinos, y que por ello constituye un singular islote residual de paisaje rural y biodiversidad rodeado de chalés y viviendas unifamiliares. Cercada en su totalidad por un magnífico muro de mampostería de piedra, está poblada por más de un millar de robles melojos, fresnos y encinas que crecen entre berruecos graníticos, en un terreno poco permeable y de suave pendiente donde manan numerosos veneros de agua que dieron origen al topónimo, y que llegan a formar un pequeño humedal permanente incluso en pleno estiaje. La escorrentía de estas aguas es de gran importancia por su aporte hídrico al cercano arroyo de la Venta, afluente del río Guadarrama, y para la recarga de los acuíferos de la zona. A este espacio le afectan directa o indirectamente por su cercanía numerosas figuras de protección y espacios naturales protegidos: Zona de Calidad y Fragilidad Visual Alta como Unidad de Paisaje de la Comunidad de Madrid; Zona de Transición del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama; Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares; Reserva de la Biosfera «Cuenca Alta del Manzanares»; Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) «Cuenca del Río Guadarrama», de la Red Natura 2000 y Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) «Alto Lozoya-La Pedriza», nada menos.  

          El suelo está clasificado como urbanizable en las Normas Subsidiarias de 1985 vigentes en el municipio, unas normas que fueron aprobadas por la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda en tiempos de Eduardo Mangada para controlar, a través de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO), el ya entonces desaforado expansionismo urbano de esta zona de la sierra, pero que están hoy completamente desfasadas. La aprobación del Plan Parcial se ha llevado a efecto directamente por resolución de alcaldía de 5 de diciembre de 2024, sin el consenso de los demás grupos políticos del Ayuntamiento y dando por bueno el documento del Plan Parcial redactado en su totalidad y de forma bastante oblicua e imprecisa por la empresa promotora, cuando el consistorio tiene potestad para modificarlo o incluso para redactar uno alternativo que salvaguarde el interés general. Este documento, de enorme importancia para el futuro del municipio al contener la evaluación ambiental estratégica y todos los informes sobre el impacto que puede tener la actuación en el medio ambiente local, como la afección al paisaje, al suelo, al arbolado, a la hidrología de la zona, etcétera, etcétera, cojea de forma ostensible al saltarse otras cuestiones importantes. Así, la documentación aportada por la promotora no incluye ningún estudio sobre la fauna vertebrada e invertebrada que encuentra refugio en este espacio forestal, como si no existiera. Y esta fauna «inexistente» son rapaces diurnas y nocturnas, numerosas especies de aves forestales, mustélidos y otros pequeños mamíferos, reptiles y cientos de especies de insectos, algunas emblemáticas que encuentran su hábitat en los robledales y fresnedas adehesadas, como el lepidóptero Saturnia pyri o gran pavón nocturno, y el coleóptero Lucanus cervus o ciervo volante, protegidos por el Convenio de Berna e incluidos en los catálogos Nacional y Regional de Especies Amenazadas. Tampoco se menciona el pequeño humedal permanente que existe en el interior de la dehesa, donde se reproduce, entre otras especies protegidas de anfibios, el sapo corredor (Epidalea calamita), como pueden dar fe los vecinos y paseantes que a partir de comienzos de primavera escuchan en la noche su canto estridente pero relajante, desde las calles y las viviendas que rodean esta valiosa cuña forestal enclavada en el centro del ámbito urbano. 

El magnífico muro de mampostería concertada de granito que cerca la Dehesa de los
Arroyuelos merece estar catalogado, por sí mismo, como un elemento de patrimonio a conservar

          El Ayuntamiento, de momento, no ha cumplido con la obligación legal de hacer públicos todos los documentos del expediente, pues en el Portal de Transparencia aparece únicamente la información sesgada e incompleta de la promotora, pero no los informes jurídicos y técnicos de los funcionarios municipales. El período de alegaciones se estableció en un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (29 de enero de 2025), es decir el plazo mínimo que contempla la ley, lo que ha dificultado la participación pública. 

          Por otra parte, el Plan Parcial favorece de forma descarada a a la empresa propietaria de los terrenos, anteponiendo sus intereses privados al interés público. En el Documento Ambiental Estratégico del Plan Parcial, al detallar la Alternativa 3 elegida para edificar los treinta y seis chalés (pág. 19) se exonera a Inversiones Inmobiliarias Canvives de la obligación de construir el porcentaje de viviendas de protección pública (VPP) que marca la ley, y se cargan a las arcas municipales los costes de expropiación de terrenos para abrir algunas calles y los gastos generales de mantenimiento de la urbanización (pág. 22). Así, sin despeinarse.

          En el apartado 7.1 del mismo documento (pág. 14) se argumenta que de no desarrollar el Plan Parcial (Alternativa 0) «el Ayuntamiento dejará de ingresar una cantidad de 28.538,32 euros al año en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), calculado según la Ordenanza fiscal reguladora de este impuesto». Sin entrar a desmentir esto último, pues el Ayuntamiento ya recauda el IBI por la dehesa en su conjunto, ni a calcular lo que tendría que gastar por las expropiaciones referidas y por el mantenimiento de la nueva urbanización, que superaría con creces a la nueva recaudación estimada, ¿qué suponen unos pocos miles de euros ante los servicios ambientales que presta en la actualidad esta cuña forestal incrustada en mitad del espacio urbano consolidado, como son la absorción de carbono, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la contaminación acústica, etcétera, etcétera? Incluso considerando la estimación errónea del documento, ¿qué son 28.000 euros anuales ante los servicios que podría prestar en el futuro como infraestructura verde para uso público? En algún momento de clarividencia los redactores del documento se han debido plantear estas cuestiones tan obvias, pues en el apartado 10.1.10 relativo al Paisaje, se dice que «la zona donde se ejecutará el Plan Parcial son pastos con restos de vegetación natural de vocación ganadera, que quedan como espacios intersticiales entre zonas urbanizadas», y que «sería plausible su no ocupación como áreas de descongestión» (pág. 51).

          La sensibilidad ambiental de la sociedad en su conjunto ha evolucionando mucho desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Cercedilla en 1985, y por ello la solución más avanzada y valiente sería retirar el Plan Parcial e iniciar los trámites para desclasificar el suelo como Urbanizable, reclasificándolo como Suelo no urbanizable de protección (SNUP), que es lo que reclama la Plataforma de vecinos y vecinas en defensa de la Dehesa de los Arroyuelos, creada por iniciativa de un grupo de mujeres decididas a que no les roben los servicios ecosistémicos que presta este valioso espacio forestal. El hecho de que sean mujeres y que estén tan bien organizadas y decididamente comprometidas en esta lucha, a mí, personalmente, me da esperanzas de que la ganen. En el acto Poesía para las Dehesas, celebrado el pasado 19 de abril en Cercedilla, sus portavoces, Elena Zubiaurre y Beatriz Egüen, insistieron en que «para defender la Dehesa de los Arroyuelos sus armas son las palabras, las palabras que permiten nombrar las cosas que no queremos que desaparezcan», aludiendo al origen del vocablo que nombra desde hace mucho más de mil años a estos pastizales cercados, que proviene del latín defensa y del romance medieval más tardío defessa, es decir tierra defendida de la parcelación y la roturación por estar destinada exclusivamente para el aprovechamiento común, entonces, y hoy todavía, de los ganados. Hermoso paralelismo entre etimología y realidad actual.

          También reclama esta solución la asociación Ecologistas en Acción Sierras Comunidad de Madrid, uno de cuyos miembros más destacados, el exconcejal de Urbanismo de Los Molinos Adolfo Rodríguez, es sin duda la persona que mejor conoce la problemática urbanística de los dos municipios colindantes. Su compromiso desde hace muchos años con la ordenación racional del territorio y la defensa del patrimonio arquitectónico en esta zona de la sierra le ha costado sufrir todo tipo de amenazas y agresiones, algunas de ellas muy graves. «Cosas de los pueblos», dicen algunos parraos (gentilicio tradicional de los naturales de Cercedilla) cuando se les pregunta, pero uno conoce el percal y sabe de sobra que es mucho más que eso. Fito, además de ser muy valiente, no da puntada sin hilo, lo que se evidencia al leer el paquete de veintinueve alegaciones al Plan Parcial SAU-3 que ha presentado esta asociación, muy bien armadas y argumentadas jurídicamente. No hay espacio para analizarlas aquí, pero basta decir que desmontan la frágil carpintería a la que está cogida con pinzas esta actuación urbanística, lo que en buena ley debería evitar en mayor o menor medida el previsible nihil obstat de la administración regional a urbanizar la dehesa.

          Los vecinos están divididos, pero predominan las opiniones desfavorables al proyecto. Traigo aquí, por acreditada, la de José María Pérez de Lema Holweg, uno de los más comprometidos defensores del paisaje de Cercedilla y de toda la sierra. Y lo es hasta tal punto que ha propuesto al Ayuntamiento la restauración paisajística a costa de su propio bolsillo del antiguo Camino del Río, hoy convertido en calle, y el viejo puente de piedra que por allí cruza el arroyo de la Venta, ofrecimiento hasta ahora sin respuesta, como es comprensible, pues el romanticismo no cuenta en las decisiones municipales. José María es de madre alemana y de educación también, y su visión del paisaje está influida, cómo no, por las de Humboldt, Goethe y Friedrich, entre otros. Es además un buen amigo y le he pedido su opinión sobre el proyecto, que transcribo a continuación tal y como me la ha remitido:

«Los viejos del lugar recordamos la irreparable devastación paisajística de la embocadura del Valle de la Fuenfría con el levantamiento en 1972 de los bloques de la urbanización del mismo nombre. Argumentó la corporación municipal de la época que el sacrificio de ese singularísimo paraje en ladera era la única forma de evitar la edificación de viviendas en el hoy Parque Municipal de Pradoluengo y se prometió que sería el último acto de barbarie urbanística en el pueblo. Medio siglo después, vuelve la barbaridad. El Parque Nacional Sierra de Guadarrama, del que tan orgulloso está el pueblo de Cercedilla, no es viable como isla en un mar completamente edificado. La dehesa de Los Arroyuelos es un valioso biotopo que ha sobrevivido en buen estado en una zona donde comienzan a escasear los de esa tipología y calidad. Y es perfectamente capaz de continuar prestando sus servicios ecosistémicos dada la baja densidad de edificación de las fincas circundantes. No debe desaparecer. El Ayuntamiento tiene las razones e instrumentos legales para evitarlo. No son de recibo argumentos taparrabos como el de que se reservan para jardín urbano 3.300 m2 de las 5 hectáreas sacrificadas. Ya lo imaginamos plantado de ailantos, arizónicas y plumeros de la pampa sobre alfombra de césped regado por aspersión a cargo del presupuesto municipal. El efecto de treinta y seis nuevos chalets sobre el bienestar económico de los habitantes de Cercedilla sería inapreciable. Todo lo contrario que la preservación e inteligente aprovechamiento del formidable, y sin embargo frágil, patrimonio natural de este afortunado pueblo».

          Las opiniones favorables al proyecto que he podido recabar se ajustan todas a un mismo argumentario: el pueblo necesita crecer y dinamizar su economía, y los terrenos sobre los que lo haría son ya urbanos y no tienen ningún valor ambiental.  

José María Pérez de Lema y Carlos Horstmann firmando en la hoja que les ofrece Maite
Lázaro, de la Plataforma de vecinos y vecinas de Cercedilla en defensa de la Dehesa
de los Arroyuelos, durante una visita que hicimos para fotografiar el lugar

Cartel del acto «Poesía para las Dehesas», en defensa de la Dehesa de los Arroyuelos

Adolfo Rodríguez (Fito) con asistentes al acto del 19 de abril de 2025 en defensa de la dehesa

          Y es cierto que el Ayuntamiento tiene los instrumentos legales para echar atrás el proyecto después de aprobarlo inicialmente. La recalificación del suelo a SNUP es perfectamente factible como ejercicio de la potestad jurídica del denominado ius variandi o derecho a variar que tienen las administraciones para defender el interés público; sólo requiere una modificación del planeamiento urbanístico que debe justificarse con estudios técnicos y científicos que demuestren el más que evidente interés general de conservar la dehesa en su estado actual, y seguir el procedimiento legal adecuado. Con toda probabilidad traería consigo una reclamación de la empresa propietaria de la dehesa ante los tribunales por el perjuicio económico sufrido, pero en este caso sólo se podría dar la razón a Inversiones Inmobiliarias Canvives y ordenar una indemnización si se demuestra que el Ayuntamiento actuó de forma negligente o arbitraria.     

          Para terminar estas líneas volvemos otra vez a teorizar brevemente sobre el alarmante panorama urbanístico regional. Las sucesivas Leyes del Suelo de la Comunidad de Madrid han sido ajenas a la tendencia existente dentro del urbanismo español más avanzado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda Urbana Española (AUE), ignorando los postulados cada vez más vigentes y extendidos del «decrecimiento urbanístico», un concepto que se utiliza en muchos países como herramienta de planeamiento en ejercicio de la mencionada potestad jurídica del ius variandi administrativo. Pedir este urbanismo reparador que cobró fuerza a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo estatal de 2007 –llamado «de goma de borrar» por algunos expertos– a una administración que subordina la ordenación del territorio a intereses privados y considera el suelo como un medio para enriquecerse y no un recurso valioso, escaso y no renovable, es perder el tiempo, pero no por ello hay que cejar en el empeño.

          Dehesas y pastizales del piedemonte de la Sierra de Guadarrama que se salvaron de la urbanización descontrolada antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, como los citados de Monesterio, El Campillo, Prado Toro, La Nava y otros muchos, vuelven a estar amenazados por el regreso de una política que llegamos a pensar alguna vez, ingenuamente, que era cosa del pasado. Sólo la acción organizada y decidida de la sociedad civil es capaz de poner fin a esta piratería del territorio amparada por la peor y más dañina normativa urbanística que hemos sufrido en nuestra región. Ya lo hicimos con éxito en 2006 desde la Plataforma Vecinal SOS Miraflores, con la ayuda inestimable de algunos influyentes amigos guadarramistas, como el desaparecido Antonio Sáenz de Miera –nacido precisamente en Cercedilla–, quien dedicó a nuestra lucha alguna de sus habituales columnas de prensa. Y a ello se han puesto de nuevo muchas asociaciones vecinales, las más veteranas como Entorno Escorial, Salvemos la Dehesa de Moralzarzal o Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y las más recientemente creadas ante esta emergencia, como la Plataforma de vecinos y vecinas de Cercedilla y otras surgidas aquí y allá en defensa del paisaje rural de nuestra región y de una ordenación del territorio racional y sostenible. Es el momento de apoyarlas.